La medida que entró en vigencia tiene alcance nacional y fue establecida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) bajo la Resolución Conjunta 5/2018. Dicha Resolución establece siete puntos que deben ser cumplidos por los productores.
Entre ellos se encuentran la documentación específica para el traslado de alimentos, las condiciones bajo las cuales podrán utilizarse fitosanitarios en los cultivos, el posterior tratamiento de los envases vacíos, las pautas de higiene básicas para el personal que realice tareas agrícolas y la calidad del agua a utilizar, entre otras.
La normativa además establece que cada productor deberá contar con la asistencia de técnicos o profesionales especialistas en la temática que brinden capacitaciones y garanticen la aplicación de estas nuevas prácticas en todo el territorio nacional.