El diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad, junto con otros doce legisladores, presentó un proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo que retire del proyecto de Presupuesto 2027 seis artículos vinculados con el régimen de protección de las personas con discapacidad.
El planteo alcanza a los artículos 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027, identificado como expediente 0013-JGM-2026. Los legisladores sostienen que esas disposiciones modificarían aspectos de las pensiones, las prestaciones básicas y el financiamiento de servicios destinados a personas con discapacidad.
Pedido de tratamiento específico
Los firmantes solicitan que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría Nacional de Discapacidad, promueva la exclusión de esos artículos del proyecto presupuestario.
La presentación lleva las firmas de los diputados misioneros de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik. También acompañaron Bernardo Biella Calvet, Pablo Outes, Claudio Álvarez, Yolanda Vega, Oscar Zago, Eduardo Falcone, Maximiliano Ferraro, Álvaro González y Karina Maureira.
Según los fundamentos del proyecto, las disposiciones cuestionadas avanzarían sobre la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y sobre el Sistema de Prestaciones Básicas establecido por la Ley 24.901.
Los legisladores plantean que esas modificaciones deberían ser analizadas de manera específica por las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública. Además, invocan el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera para sostener que la ley anual de presupuesto no debería utilizarse para introducir modificaciones permanentes en normas de fondo.
Pensiones y acceso al empleo formal
Uno de los principales puntos señalados en el proyecto está relacionado con la compatibilidad entre las pensiones y el trabajo registrado.
Los firmantes interpretan que los artículos 36 y 37 incorporan una vinculación entre la prestación y el concepto de “invalidez laboral”, además de establecer incompatibilidades con determinadas formas de empleo formal.
El tema también forma parte de las discusiones que se desarrollan en el Congreso sobre la continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad. En ese marco, Herrera Ahuad había planteado que las personas que accedan a un empleo no deberían perder definitivamente una pensión, sino contar con mecanismos que contemplen su situación laboral.
Cuestionamientos al financiamiento de las prestaciones
Otro eje del proyecto está relacionado con los recursos destinados a la atención sanitaria y a las prestaciones para personas con discapacidad.
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el financiamiento proyectado para 2027 del programa Incluir Salud registraría una reducción real del 13,9% respecto del crédito asignado en 2026. Los legisladores vinculan esa situación con la provisión de medicamentos, insumos de alta complejidad y tratamientos de diálisis.
El documento también señala una disminución real del 11,9% en el monto promedio de las pensiones no contributivas por invalidez en comparación con los valores de 2023. La comparación mencionada en el proyecto toma en cuenta la evolución del poder adquisitivo de las prestaciones.
En el debate parlamentario, representantes de Misiones también expusieron sobre demoras en medicamentos, ayudas técnicas y pagos a prestadores. La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, informó sobre dificultades vinculadas con tratamientos y prestaciones en la provincia.
El Nomenclador de Prestaciones Básicas
El proyecto también cuestiona el artículo 39, relacionado con el Nomenclador de Prestaciones Básicas.
Según la interpretación de los legisladores, la modificación permitiría que los valores de las prestaciones dejen de establecerse bajo un esquema universal y que cada entidad obligada a brindar cobertura determine sus propios aranceles.
Los firmantes advierten que ese cambio podría afectar el financiamiento de instituciones y profesionales que brindan servicios de rehabilitación, centros de día y transporte especial.
Reclamo por participación de las organizaciones
Los diputados sostienen además que las modificaciones deberían discutirse en las comisiones específicas y con participación de las organizaciones vinculadas con la discapacidad.
En los fundamentos se menciona a entidades como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA).
El planteo se suma a un debate parlamentario que continúa abierto en torno a la Emergencia Nacional en Discapacidad y su articulación con el Presupuesto 2027. Durante las últimas semanas, Herrera Ahuad reclamó que la discusión sobre la emergencia tenga prioridad frente a las disposiciones presupuestarias relacionadas con el sector.
Un proyecto de declaración
La iniciativa presentada por Herrera Ahuad y los demás legisladores es un proyecto de declaración. Por lo tanto, expresa una posición y un pedido dirigido al Poder Ejecutivo, pero no modifica por sí misma el contenido del Presupuesto 2027.
La continuidad o eliminación de los artículos cuestionados deberá definirse durante el tratamiento legislativo del proyecto presupuestario. El debate también se encuentra vinculado con las propuestas para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.