El Gobierno de Misiones continúa con la asistencia a los centros de discapacidad (dispuesta por Decreto N.º 657), con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios ante la quita del financiamiento que recibían estas instituciones por parte del Estado nacional que sostiene una importante deuda con el sector. La medida dispuesta por la Provincia, y que comenzó a regir a partir del presente mes, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Cubrirá costos básicos de funcionamiento como energía eléctrica y agua potable.
La iniciativa surge en un contexto de deuda acumulada y retrasos en los pagos por parte de Nación, lo cual fue considerado por las instituciones como una “quita de recursos encubierta”, dado que habían quedado desfinanciadas por la falta de los aportes, poniendo en riesgo la continuidad operativa de los centros así como también de los tratamientos para las personas con discapacidad.
Esta situación, según se advierte en los considerandos del decreto, genera “una grave afectación en el flujo de fondos” y configura una “emergencia prestacional inminente”. Esto pone en riesgo la operatividad de los centros y la continuidad de tratamientos esenciales para una población especialmente vulnerable.
“La asistencia de Misiones llegó en el momento justo”
El Centro de Estudios Especializados en Discapacidad e Inclusión (CENEMI) es uno de los espacios alcanzados por la asistencia dispuesta por el Gobierno de Misiones, que comenzó a cubrir costos operativos como luz y agua en medio de un escenario marcado por la interrupción de pagos desde Nación.
Según explicó su director, Sebastián Calderón, la medida “llegó en el momento justo, estamos al límite, porque el 90% de las instituciones no está recibiendo los pagos por las prestaciones” y aseguró que, en muchos casos, los atrasos de Nación ya superan los seis meses, lo que compromete directamente la continuidad de los servicios.
En tanto, la directora del Centro de Atención a la Diversidad Funcional, Amanda Álvarez, coincidió con lo expresado por Calderón, y agregó que a la falta de recursos de Nación, se suman las dificultades en las altas de las obras sociales.
El centro atiende a unos 200 beneficiarios entre niños, adolescentes y adultos y es el único en la provincia con cobertura integral, que incluye intervención temprana, centro educativo terapéutico, centro de día y rehabilitación, además de alimentación diaria. En este escenario, indicó que “la asistencia provincial permitió cubrir parte de los costos y sostener la actividad”.
Los detalles del programa dispuesto por el Gobierno de Misiones:
En este marco, la Provincia resolvió intervenir con un esquema de asistencia directa. El programa, se denomina “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”. El mismo establece un subsidio que cubrirá consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 metros cúbicos de agua por institución.
Los fondos serán transferidos directamente a las prestatarias como Energía de Misiones S.A., Servicios de Aguas de Misiones S.A. (Samsa), y cooperativas para su aplicación efectiva a los centros beneficiarios. El alcance del beneficio y su implementación quedan bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, en articulación con el Ministerio de Salud Pública.
Requisitos para acceder al beneficio
Para acceder al programa, los establecimientos deberán contar con categorización vigente otorgada por la autoridad sanitaria provincial y acreditar que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. Además, deberán cumplir con requisitos formales como la coincidencia entre el domicilio declarado y el lugar efectivo de prestación del servicio.
Desde la Provincia remarcaron que la medida tiene carácter excepcional y transitorio, y responde a la necesidad de sostener prestaciones garantizadas por la Ley Nacional 24.901. La misma establece la cobertura integral para personas con discapacidad en materia de salud, educación y rehabilitación.
En ese sentido, la decisión apunta a evitar la interrupción de tratamientos y asegurar la continuidad de servicios en un escenario crítico de financiamiento, trasladando al ámbito provincial una responsabilidad que, según se señala, corresponde al Estado nacional.
Fuente: Canal 12 Misiones