Es la primera vez desde la recuperación de la democracia que cambia simultáneamente la jefatura civil y militar de las Fuerzas Armadas. La salida agrava la crisis de Gobierno emprendida por el presidente el lunes con el cambio del seis ministros.
El Gobierno de Brasil ha informado este martes que sustituirá a los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, según una nota oficial. La decisión se produce al día siguiente de que el presidente, Jair Bolsonaro, abriera una crisis de Gobierno que incluyó la destitución abrupta y sorpresiva del ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo. El anuncio ha sido realizado después de que los afectados se reunieran este martes a primera hora con el ministro de Defensa entrante, Walter Braga Neto, un general que ya estaba en el Gabinete al frente de otra cartera. Es la primera vez desde la recuperación de la democracia que cambian simultáneamente en Brasil las cúpulas civil y militar de las Fuerzas Armadas. La salida de la cúpula castrense agrava una crisis política que coincide con el peor momento de la pandemia, cuando el país bate récords de muertes y contagios de coronavirus.
El ultraderechista Bolsonaro, un militar retirado de 65 años, presiona hace meses a los jefes militares para que la institución le apoye abiertamente en sus batallas políticas. El ministro saliente y la cúpula de las Fuerzas Armadas quieren preservar la independencia. Después de que Azevedo fuera destituido el lunes, los jefes del Ejército, Edson Pujol, de la Armada, Ilques Barbosa, y de la Fuerza Aérea, Antônio Carlos Bermudez, celebraron una reunión en la que sopesaron la dimisión en bloque por sus diferencias con Bolsonaro. La cúpula castrense está preocupada con los gestos autoritarios del presidente. Este busca forzar a las Fuerzas Armadas a que le apoyen con medidas de excepción en su batalla contra los gobernadores que están decretando confinamientos, cerrando el comercio, los colegios y las playas para reducir los contagios de coronavirus.
Es la mayor crisis con los militares brasileños, según Folha de S. Paulo, desde que el presidente Ernesto Geisel echó al ministro del Ejército en plena dictadura.
Al ministro de Defensa, Bolsonaro lo destituyó sin contemplaciones tras una reunión de menos de cinco minutos y meses de tensión entre ambos. Desde que Brasil reinstauró la democracia tras la dictadura (1964-1985) ningún presidente había incluido tantos militares en su Gobierno como Bolsonaro, pero su relación personal con las Fuerzas Armadas ha tenido episodios muy tumultuosos. El actual presidente salió del Ejército por la puerta falsa tras ser absuelto de insubordinación en un juicio militar. Era capitán cuando fue acusado de animar a la tropa a protestar para reclamar mejores salarios e incluso de amenazar con perpetrar un atentado. Buena parte de su carrera se ha sustentado en la defensa de los intereses corporativos de los militares de graduación inferior y los policías militares. Los generales siempre lo han visto con mayores recelos.
La socióloga Esther Solano, de la Universidad Federal de São Paulo, sostiene que la dimisión de la cúpula castrense no implica “que existe una crisis institucional descomunal, sino que hay una crisis con un grupo de las Fuerzas Armadas. Pero otro grupo (de militares) más cercano al presidente se beneficiará”.
La esperada dimisión de un ministro en Brasil el lunes, unida a la inesperada destitución de un segundo ministro, puso en marcha un baile de carteras que desató la mayor crisis que vive el Gobierno de Jair Bolsonaro desde que llegó al poder hace dos años. El ultraderechista cambió a los titulares de seis ministerios, incluidos Exteriores y Defensa, en un momento en que su país se consolida como el más golpeado del mundo por la pandemia. Es un intento de contener el descontento y el consiguiente desgaste político mientras las autoridades locales, unas con más empeño que otras, decretan medidas para frenar contagios y aliviar los hospitales.
Los movimientos más relevantes son los de Exteriores, Defensa y la Secretaría de Gobierno, que se encarga de las negociaciones entre el Gabinete y el poderoso Congreso.
Los estragos de la covid, con la red sanitaria desbordada, la suspensión de la paga del coronavirus para los más necesitados, la rehabilitación política del expresidente Lula da Silva y el ostracismo del antiguo juez Sergio Moro han intensificado en el último par de meses las críticas contra el presidente y las exigencias de que cambie el rumbo. Ya ha hecho 24 relevos ministeriales. Sanidad y Educación van por su cuarto titular.
Solano, que estudia el bolsonarismo, sostiene que con estos cambios el presidente busca “contentar a fuerzas que están descontentas. Se ha puesto en modo supervivencia hasta 2022”. Ese año están previstas las próximas elecciones que se perfilan como un duelo Bolsonaro-Lula ante el fracaso de los intentos de alumbrar una candidatura de centroderecha que mitigue la polarización.
Bolsonaro, que tras dejar el Ejército fue casi tres décadas parlamentario, ganó las elecciones con apoyo de varios sectores: el poder económico, la cúpula militar, los evangélicos… El odio visceral al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula estaba en su apogeo cuando se unieron en torno a este ultraconservador de extrema derecha, nacionalista y nostálgico de la dictadura. Cada sector colocó sus fichas en el Gabinete, de manera que las tensiones son una constante.
El nuevo canciller, Carlos França, es un diplomático que sustituye a un compañero de carrera, el trumpista Ernesto Araújo, con la diferencia de que el entrante es considerado un pragmático, nada ideológico. Nunca ha sido embajador y trabó su relación con Bolsonaro como jefe de protocolo de la sede de la presidencia en Brasilia. Cientos de banqueros y economistas habían reclamado en una carta pública la cabeza de Araújo por su fracaso en conseguir dosis en China, India o Estados Unidos para acelerar la vacunación ahora que el presidente ha asumido que una inmunización en masa es imprescindible para que la economía levante cabeza. Con Araújo, Brasil, que sedujo al mundo a principios de siglo, se ha convertido en un paria, sobre todo una vez derrotado Donald Trump en EEUU.
El tercer relevo ministerial de calado atañe a la Secretaria de Gobierno, encargada de la negociación con la Cámara de Diputados y el Senado, que tienen el poder de marcar la agenda parlamentaria y, llegado el caso, destituir al jefe del Estado. El ultraderechista ha entregado la cartera al Centrão (el gran centro), la vieja política de la que tanto aborreció Bolsonaro hasta que necesitó su apoyo parlamentario para blindarse y buscar la reelección en 2022. La diputada Flávia Arruda entra en el Gabinete como representante de esa constelación de siglas sin ideología a la que les une su voracidad: ofrecen sus votos a cambio de cargos con presupuesto. El presidente pretende que, a cambio, los presidentes de las dos Cámaras, del Centrão, le protejan ante investigaciones y las decenas de peticiones de impeachment.
Enterrada la investigación Lava Jato y con Moro en horas bajas, Bolsonaro no ha tenido reparo en nombrar a Arruda aunque está casada con un político condenado por corrupción. Es la tercera mujer en un gabinete de 22 miembros que desde el principio ha tenido más generales que ministras.
La profesora Solano añade que, con los cambios ministeriales, Bolsonaro “aplaca parcialmente el descontento de varios sectores”. Y detalla: “Contenta parcialmente al mercado, que pedía la salida de Araújo [de Exteriores]. Se quita un estorbo y coloca a un ministro de bajo perfil que ni dará problemas ni hará grandes cambios. Contenta parcialmente al Centrão. Y además se quita un ala del militar que era más crítica” pero mantiene varios generales en el Consejo de Ministros y “sigue habiendo 6.000 militares en cargos gubernamentales”. Los nombramientos de uniformados son constantes.
La especialista recuerda que la clase económica también le ha exigido a Bolsonaro que eche al titular de Medio Ambiente, Ricardo Salles, al que por ahora mantiene. Las cifras récord de deforestación y el sistemático desmantelamiento de la política medioambiental son un lastre frente a EEUU y la Unión Europea, que han colocado el cambio climático entre sus prioridades.