La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, que advertirá a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.
Luego del intento fallido hace tres semanas luego de que la oposición no diera quórum, finalmente en el segundo intento el proyecto sumó 200 votos a favor; 22 en contra y 16 abstenciones, en tanto que se registraron 18 diputados ausentes al momento de la votación.
La iniciativa comenzó a ser debatida pasadas las 16 y su análisis se agotó pasadas las 23, tras la intervención de más de 70 diputados, que participaron de la primera reunión presencial tras la metodología de trabajo mixto aplicado durante los primeros meses de la pandemia de Covid.
Al abrir el tratamiento del proyecto, la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), afirmó que “el Estado argentino no va a mirar para otro lado” en un contexto de “enfermedades crónicas no transmisibles” como la obesidad, la hipertensión y los problemas cardíacos, que afectan a su población y que se pueden prevenir a partir de la alimentación. Por eso, marcó la importancia de destacar la información nutricional en las etiquetas de los productos alimenticios, debido a que en la actualidad muchas “son ilegibles”.
La diputada de Juntos por el Cambio Brenda Austin (UCR) celebró el tratamiento de esta ley que “derriba mitos” y destacó que logró no “haber caído en la grieta”, sino que se ponderó la “defensa del derecho a la salud”. “Esta ley es necesaria porque estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso”, dijo, y agradeció a organizaciones de la sociedad civil que “ayudaron a respaldar con evidencia, información y acciones que derribaron mitos”.
De esta manera, los octógonos negros con letras en blanco en mayúsculas son en Argentina a partir de hoy una condición para fabricantes y envasadores “que distribuyan, comercialicen o importen” alimentos y bebidas alcohólicas en todo el país. La ley establece un plazo de 180 días para adaptarse a la ley , algo que desde la industria ya advirtieron como algo difícil de cumplir sino hasta “al menos dos años”.
El proyecto aprobado también establece la prohibición de emitir publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- de productos con sellos de advertencia.