La quinta Marcha Federal Universitaria reunió este jueves a estudiantes, docentes, sindicatos y organizaciones sociales y políticas frente al Congreso de la Nación para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización defendió la educación pública, la ciencia y la autonomía de las universidades, pero terminó con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad.
Además de los incidentes, la jornada estuvo marcada por un documento conjunto en el que las entidades convocantes cuestionaron el presupuesto previsto para 2027 y advirtieron sobre las dificultades económicas que, según sostienen, amenazan el funcionamiento del sistema universitario argentino.
Incidentes y detenidos durante la movilización
Los disturbios comenzaron después de las 15.30, en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao. Según los reportes difundidos durante la jornada, un grupo de manifestantes vandalizó elementos de la plaza y arrojó piedras, cascotes y otros proyectiles hacia el perímetro policial.
Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad respondieron con gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes. Los enfrentamientos se extendieron a sectores cercanos al Congreso y los gases también afectaron a personas que se encontraban en edificios próximos, entre ellas trabajadores del anexo de la Cámara de Diputados.
Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis manifestantes detenidos, incluido un adolescente de 14 años, quien quedó a disposición del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También se reportaron personas heridas, entre ellas efectivos policiales, y la asistencia sanitaria a un hombre y dos mujeres. Una de ellas, de 57 años, fue trasladada al Hospital Ramos Mejía ante la sospecha de un accidente cerebrovascular, según la información citada por la Agencia Noticias Argentinas. Durante la cobertura periodística, además, se denunciaron agresiones a trabajadores de prensa. Un camarógrafo de televisión resultó afectado, aunque se encontraba fuera de peligro.
Las universidades exigieron que se cumpla la ley
Pese a los enfrentamientos, las organizaciones convocantes realizaron el acto central y difundieron un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), CTERA y otras entidades.
El texto exigió la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que el Congreso y el Poder Judicial respaldaron su vigencia mediante leyes y medidas cautelares. En ese marco, las organizaciones cuestionaron la negativa del Poder Ejecutivo a implementar las disposiciones reclamadas.
Para las entidades, la controversia no se limita a una discusión presupuestaria, sino que también involucra el funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de las normas vigentes.
El documento advirtió que las universidades enfrentan dificultades para sostener sus actividades académicas, científicas y administrativas. Por ese motivo, reclamó recursos suficientes para garantizar la enseñanza, la investigación y la formación profesional.
“Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano” no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social, señalaron las organizaciones.
Cuestionamientos al Presupuesto 2027
Uno de los principales puntos del reclamo fue el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo. Las entidades lo consideraron insuficiente y afirmaron que contempla recursos inferiores al 1% del producto bruto interno (PBI), sin incorporar las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario.
Frente a ese escenario, respaldaron la propuesta presupuestaria elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que plantea un incremento del 33,4% respecto del proyecto oficial.
La diferencia entre ambas propuestas refleja el desacuerdo sobre los fondos necesarios para sostener el sistema universitario y el esfuerzo fiscal que debería destinarse al sector.
Las organizaciones advirtieron que la falta de financiamiento puede afectar el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, el mantenimiento de los equipos de investigación y la continuidad de distintos proyectos científicos.
Preocupación por las becas y el desarrollo científico
El documento también manifestó preocupación por la situación de la ciencia y la tecnología. Entre los problemas señalados, mencionó la salida de investigadores, la reducción en la adjudicación de becas estudiantiles y la interrupción de proyectos científicos.
En materia de asistencia estudiantil, cuestionó el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del CIN.
Según las organizaciones, la falta de actualización de estos instrumentos compromete las posibilidades de permanencia de estudiantes que dependen de esa ayuda para continuar sus carreras.
Las entidades también alertaron sobre las consecuencias que estas dificultades podrían tener en la formación de nuevos profesionales y en la capacidad del sistema científico para producir conocimientos y desarrollar soluciones a los problemas del país.
Reclamos salariales y laborales
Los salarios docentes y nodocentes también ocuparon un lugar central en la movilización. Los sindicatos denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo, condiciones laborales precarias y la falta de convocatoria a paritarias libres.
Además, reclamaron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la actualización del nomenclador preuniversitario y garantías jubilatorias.
Para las organizaciones, el deterioro salarial y la insuficiencia de recursos repercuten directamente en las condiciones de trabajo y en la capacidad de las universidades para sostener sus actividades.
Amplio acompañamiento sindical y político
La movilización contó con la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones de izquierda, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y militantes del peronismo.
La protesta también generó cuestionamientos políticos al operativo de seguridad. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, puso en duda el accionar de las fuerzas y sostuvo que la manifestación transcurría con normalidad antes de los enfrentamientos.
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman calificó la violencia como estatal y defendió el derecho a la protesta. Esteban Paulón cuestionó el despliegue policial y vinculó los incidentes con el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Roy Cortina, presidente del Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires, también repudió la represión, mientras que el Diputado Pablo Juliano advirtió que los gases afectaron al personal de la Cámara baja.
Desde el Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, repudió los incidentes y responsabilizó a quienes calificó como “los mismos violentos de siempre”, a quienes acusó de intentar generar caos y desafiar a las fuerzas de seguridad.
Las declaraciones contrapuestas dejaron abierto el debate sobre las responsabilidades por los hechos y el desarrollo del operativo.
La defensa de la universidad pública
En el cierre del documento, las organizaciones reivindicaron los principios históricos del sistema universitario argentino: gratuidad, autonomía, cogobierno, ingreso irrestricto y presencia territorial.
También destacaron el papel de las universidades como espacios de formación profesional, producción científica y movilidad social.
“Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, afirmaron las entidades.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en el centro de la discusión pública el financiamiento estatal, la autonomía universitaria y el desarrollo científico. Mientras las organizaciones reclaman el cumplimiento de la ley y mayores recursos, el Gobierno mantiene diferencias sobre la implementación de las medidas y el alcance del presupuesto destinado al sector.
La resolución del conflicto plantea desafíos tanto presupuestarios como institucionales, además de la necesidad de garantizar el derecho a la protesta, proteger a quienes participan de las manifestaciones y establecer las responsabilidades correspondientes por los hechos de violencia.