El Gobierno de Misiones puso en vigencia el decreto 776 mediante su publicación en el Boletín Oficial. La normativa establece exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios y agentes del Estado provincial.
La medida alcanza al gobernador, vicegobernador, autoridades superiores y personal jerárquico de la administración central. También incluye integrantes de entes autárquicos, sociedades del Estado y organismos con participación estatal mayoritaria.
Qué sectores estarán alcanzados
El decreto también incorpora a sectores considerados sensibles dentro de la administración pública. Entre ellos figuran efectivos de la Policía de Misiones, agentes del Servicio Penitenciario y trabajadores del sistema de salud pública.
Además, la normativa alcanza al personal vinculado con la prevención y tratamiento de adicciones. En estos casos, los controles serán aleatorios y deberán garantizar igualdad y transparencia en la selección.
Cómo serán los controles
Los funcionarios deberán realizarse estudios toxicológicos una vez por año. El sistema de selección será aleatorio y estará definido por la autoridad de aplicación.
El decreto fijó un plazo máximo de 90 días hábiles para concretar los primeros análisis. La medida regirá tanto para quienes ya ocupan cargos como para futuros designados.
El Ministerio de Salud Pública tendrá 30 días para reglamentar los procedimientos. El organismo también podrá trabajar junto a la Secretaría de Prevención de Adicciones.
Qué sustancias buscarán detectar
Los estudios deberán detectar metabolitos de drogas ilegales sin prescripción médica. Entre las sustancias incluidas aparecen cannabis, cocaína, opioides, anfetaminas y metanfetaminas.
También controlarán MDMA, MDA y barbitúricos. El objetivo es ampliar el monitoreo sobre sustancias psicoactivas dentro del ámbito estatal.
Confidencialidad y medidas posteriores
La normativa establece que los procedimientos deberán respetar la privacidad de los agentes. Además, garantiza confidencialidad y resguardo de los datos personales.
Si un examen arroja resultado positivo, el informe llegará a la máxima autoridad del organismo correspondiente. Luego, el Poder Ejecutivo evaluará cada situación particular.
Las medidas podrán incluir continuidad en el cargo, suspensión, licencias o apartamiento de funciones. Todo deberá realizarse dentro del marco legal vigente.
Auditorías y controles externos
El decreto también prevé mecanismos de contención y asistencia interdisciplinaria para los agentes involucrados. La intención es acompañar procesos de recuperación y reinserción laboral.
Por otra parte, las pruebas deberán cumplir estándares técnicos específicos. Habrá análisis iniciales, confirmaciones y contrapruebas bajo estrictos protocolos.
Finalmente, el Gobierno conformará un Comité de Auditoría Externa. El organismo estará integrado por el Colegio de Médicos y el Colegio de Bioquímicos de Misiones, que supervisarán la confiabilidad de los análisis.
Fuente: El Territorio