La presidenta encargada de Venezuela anunció el viernes por la noche un proyecto de ley de amnistía. La iniciativa apunta a la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos detenidos por motivos políticos.
La ley de amnistía figura entre las principales exigencias históricas de la oposición. Estados Unidos respalda ese reclamo. La presión internacional se intensificó tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo realizado en Caracas el 3 de enero.
Durante la apertura de actividades judiciales 2026, la mandataria hizo el anuncio ante magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Alcance del proyecto
La presidenta informó que impulsará una “ley de amnistía general” que abarcará el período de violencia política comprendido entre 1999 y la actualidad.
Indicó que instruyó a sus colaboradores para que presenten el proyecto con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional. El objetivo es acelerar su tratamiento y aprobación.
El proyecto incluye los períodos de gobierno de Hugo Chávez (1999–2013) y Nicolás Maduro (2013–2026).
Objetivos de la medida
La mandataria sostuvo que la ley busca reparar las heridas generadas por la confrontación política. También afirmó que pretende reencauzar la justicia y reconstruir la convivencia social.
Remarcó que la iniciativa no persigue venganza ni revancha. Señaló que el país necesita una etapa de paz, respeto institucional y convivencia democrática.
Delitos excluidos
La presidenta aclaró que la ley de amnistía no incluirá a personas condenadas por homicidio, narcotráfico ni violaciones graves a los derechos humanos.
Primeras liberaciones y críticas
El 8 de enero, tras el traslado de Maduro a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo, el gobierno anunció la liberación de un número importante de detenidos.
Organizaciones civiles cuestionaron el proceso por la falta de información oficial y por demoras en las excarcelaciones.
Datos oficiales y cifras
El gobierno informó la liberación de unos 600 detenidos.
Sin embargo, el Foro Penal reportó 302 excarcelados y 711 personas aún detenidas por causas políticas.
Las autoridades niegan la existencia de “presos políticos”. Sostienen que los detenidos participaron en hechos de conspiración.
La presidenta anunció que pedirá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos verificar las listas oficiales.
Hasta el momento, el gobierno no difundió nóminas ni cifras oficiales detalladas.
Postura de organismos de derechos humanos
El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que la amnistía solo será válida si no genera impunidad y si alcanza a toda la sociedad civil sin discriminación.
La dirigente opositora María Corina Machado sostuvo que las medidas responden a la presión internacional. También afirmó que existen personas detenidas por motivos políticos desde hace más de dos décadas.
Cierre del centro de detención El Helicoide
La presidenta anunció el cierre del centro de detención El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas.
Informó que el edificio será transformado en un centro social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades vecinas.
Organizaciones de derechos humanos denuncian desde hace años violaciones sistemáticas en ese lugar. Activistas lo señalan como uno de los principales centros de detención política del país.
Reapertura diplomática con Estados Unidos
La nueva encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, arribó al país tras el anuncio de la amnistía.
La diplomática confirmó la reapertura de la misión diplomática estadounidense. Señaló que su equipo trabajará en el restablecimiento de relaciones institucionales.
Fuente: El Territorio