Tras la sesión del Concejo Deliberante donde se avanzó en la reglamentación del Registro de Alimentantes Morosos, la jueza de Familia de Puerto Iguazú, Dra. María Eugenia Fioranelli, celebró la iniciativa y explicó el impacto directo que tendrá en la operatividad del juzgado. Para la magistrada, estas medidas administrativas municipales funcionan como un mecanismo de persuasión fundamental, ya que muchas veces resulta imposible monitorear el cumplimiento mensual de cada cuota alimentaria sin herramientas externas.
La Dra. Fioranelli recordó que el derecho a recibir la cuota alimentaria es una obligación que se extiende, por ley, hasta los 21 años de edad. Esta protección contempla que, aunque los jóvenes alcancen la mayoría de edad a los 18, la legislación entiende que aún no cuentan con la autonomía necesaria para autosustentarse de manera independiente.
Aquellas personas que no tengan regularizada su situación en el registro enfrentarán restricciones concretas, como la imposibilidad de renovar o tramitar la licencia de conducir, la denegación de habilitaciones comerciales y la suspensión de cualquier tipo de trámite administrativo ante dependencias municipales. En cuanto a las situaciones particulares, la jueza aclaró que el sistema contempla casos donde dificultades de la vida cotidiana impiden el pago, siempre y cuando exista una actitud demostrable. «Esas situaciones se contemplan, pero hay que demostrar la actitud y la voluntad de pago», enfatizó señalando que quien figure en el registro de alimentantes morosos será intimado a justificar su situación ante el juzgado para intentar regularizar su estado antes de que se apliquen estas limitaciones definitivas.
De esta manera, se busca garantizar que el incumplimiento de una obligación tan sensible tenga consecuencias directas en la vida civil del infractor, priorizando siempre el bienestar y los derechos de los menores y jóvenes de nuestra ciudad.
Entrevista con: Maria Eugenia Fioranelli (Jueza de Familia)