La localidad de Puerto Libertad atraviesa una situación de creciente conflicto en el denominado “Lote 58”, donde un grupo de ocupantes —presuntamente vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)— mantiene medidas de presión para exigir la instalación de redes de energía eléctrica y agua potable. El reclamo se centra en un predio que cuenta con un titular registrado, lo que genera una traba legal inmediata para cualquier intervención estatal.
Al tratarse de tierras privadas ocupadas sin autorización, las empresas de servicios públicos se encuentran ante la imposibilidad legal de prestar servicios, ya que no existe un permiso formal de ocupación. A este impedimento jurídico se le suma la falta de infraestructura básica en el sector; el asentamiento no cuenta con una regularización dominial, ni con un trazado de calles públicas que permita el tendido de redes, y mucho menos con una factibilidad técnica aprobada que garantice la seguridad de las conexiones.
Pese a este panorama donde no se cumplen las condiciones mínimas requeridas, el grupo referenciado en el dirigente social Juan Grabois continúa con las manifestaciones, buscando forzar una respuesta habitacional en un terreno donde la intervención oficial está limitada por la ley y la falta de planificación urbana.