La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó este martes un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento total a la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión se tomó luego de constatar que la recomposición salarial y de becas dispuesta en los artículos 5 y 6 de la norma todavía no fue ejecutada de manera completa.
El magistrado estableció un plazo de cinco días para que el Estado nacional regularice la situación. En caso de que persista el incumplimiento, anticipó que aplicará astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
El juez intimó al Poder Ejecutivo
En su resolución, Cormick sostuvo que la medida cautelar se encuentra firme y que no existe un cumplimiento total de lo dispuesto.
Por ese motivo, ordenó al Estado nacional y al Poder Ejecutivo que cumplan con la medida dentro del plazo establecido, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas por cada jornada de demora.
El magistrado señaló: «En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme».
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La medida judicial se apoya en el reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir la aplicación plena de la Ley 27.795.
La normativa contempla medidas vinculadas con distintos aspectos del funcionamiento de las universidades nacionales, entre ellos:
- La actualización de los salarios docentes.
- La actualización de los salarios del personal no docente.
- La recomposición de las becas estudiantiles.
- Partidas destinadas a gastos de funcionamiento.
- Recursos para actividades de investigación.
El reclamo por la recomposición salarial
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con los salarios del personal universitario.
Según estimaciones difundidas por universidades nacionales y gremios del sector, la recomposición salarial pendiente ronda el 31% para equiparar los haberes docentes y no docentes con lo establecido por la norma.
En la última instancia paritaria, el Poder Ejecutivo ofreció un incremento del 3%, una diferencia que profundizó el conflicto entre las partes.
El pedido del Gobierno para levantar la cautelar
La resolución del juez Cormick se produjo pocas semanas después de que el magistrado rechazara un pedido del Gobierno nacional para levantar la medida cautelar.
Antes de resolver ese planteo, el juez había solicitado al Ejecutivo que informara cuál era el grado de cumplimiento alcanzado respecto de las disposiciones judiciales.
Tras analizar la información presentada, la Justicia determinó que el cumplimiento todavía no era total y ahora estableció un nuevo plazo para que el Estado regularice la situación.
El reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional
El abogado del CIN, Pablo Manili, había cuestionado a comienzos de septiembre la estrategia del Gobierno para demostrar un cumplimiento parcial de la cautelar.
En declaraciones a la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, el representante del CIN comparó la situación con el levantamiento de un embargo por una deuda de la que solamente se había abonado una parte.
El planteo del Gobierno para levantar la medida cautelar no prosperó ante la Justicia.
Un conflicto que continúa en distintas instancias
La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas se mantiene desde el comienzo de la actual gestión y ya tuvo distintos capítulos en el ámbito judicial.
El conflicto pasó por la Cámara Contencioso Administrativo Federal y también llegó a la Corte Suprema, en el marco de los reclamos de las universidades nacionales vinculados con el financiamiento y la aplicación de las normas aprobadas por el Congreso.
Con la nueva resolución, el Poder Ejecutivo cuenta ahora con un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar. De no hacerlo, el juez Cormick advirtió que podrá aplicar multas económicas por cada día de incumplimiento.