El próximo 27 de septiembre de 2023, en el Día Internacional del Turismo el área Cataratas cerrará sus puertas al público por una protesta nacional de guardaparques.
La decisión de los trabajadores del Parque Nacional Iguazú (PNI) responde al apoyo a los guardaparques del Parque Nacional Lanín en Neuquén, que fueron procesados por un accidente ocurrido en el predio.
La segunda fase de la protesta se llevará a cabo durante los días del juicio, programados para el 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, en lo que se ha denominado una «vigilia judicial». Durante estos días, la administración de Parques Nacionales cerrará por completo como parte de la protesta.
Esta decisión es respaldada por la Asamblea de Guardaparques y la Intendencia de Iguazú, con el propósito de dar visibilidad a la situación judicial de cuatro de nuestros valientes guardaparques.
En el comunicado emitido por el Parque explica que «el 1º de enero de 2016, en la propiedad privada conocida como Lolén, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín: un árbol, de la especie endémica roble pellín, cayó hacia la playa del lago Lacar, provocando víctimas fatales. Este lamentable hecho aún genera un profundo dolor y desconsuelo en toda la sociedad. Como consecuencia de ello, actualmente cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) se encuentran procesados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de autor y violación de deberes de funcionario público y lesiones graves».
Y añade: «La Fiscalía Federal asume que es responsabilidad del personal de Parques Nacionales prever eventos naturales fortuitos que pongan en riesgo la seguridad de los visitantes dentro de las Áreas Protegidas Nacionales. La caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque, los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelo, hongos, insectos, entre otros tantos factores que condicionan a los seres vivos»
“Es nuestra intención visibilizar la difícil situación judicial y sentar postura frente a las consecuencias que podría ocasionar un fallo desfavorable hacia los agentes de conservación y en detrimento del futuro de las áreas protegidas en toda su extensión”, finaliza el documento.