Rodrigo Andrés Gómez, soldado voluntario de 21 años del Ejército Argentino, se suicidó tras ser extorsionado desde cárceles bonaerenses. Estaba destinado a la custodia de la Quinta Presidencial de Olivos y había llegado a Buenos Aires con la esperanza de construir su carrera militar, lejos de su familia.
La investigación de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, reveló que todo comenzó con un contacto a través de una aplicación de citas. Gómez entabló conversación con un perfil femenino que se identificó como “Julieta”, de 19 años. Durante varios días intercambiaron mensajes, audios y fotos. Gómez no sospechó nada durante el primer intercambio.
La organización detrás de la extorsión
El perfil no correspondía a ninguna joven real. Formaba parte de una organización dedicada a la extorsión digital, operativa desde la cárcel de Magdalena y el penal de Olmos. Contaban con apoyo externo, cuentas bancarias de terceros y una estructura organizada para replicar el mismo esquema con distintas víctimas.
El “audio del terror”
Una mañana, Gómez recibió un mensaje de voz femenino, exaltado y amenazante:
“¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia!”
El mensaje buscaba generar pánico inmediato. Minutos después, llegó un segundo audio de un hombre que se presentó como funcionario policial:
“Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra. Si no contactás de inmediato, lo remitiremos a la fiscalía.”
Ni el hombre ni la denuncia existían. Todo era parte de la maniobra de engaño.
Presión constante y amenazas
Gómez fue hostigado durante semanas con mensajes, llamadas y audios que lo amenazaban con detención, exposición pública y pérdida de su carrera. La banda exigía dinero: iniciaban con 500 mil pesos, reducían el monto y aceptaban pagos en cuotas mediante billeteras virtuales o cuentas bancarias. También imponían aislamiento, impidiendo que la víctima hablara con familiares o abogados.
“Entrá a tu cuenta y decime con cuánto contás”, le ordenaban.
“Si me tomás el pelo, voy a tu casa y te meto en un calabozo”, amenazaban.
Gómez vivía pendiente del teléfono, temiendo perder su trabajo y su reputación. En su celular quedaron registros de transferencias y mensajes desesperados. La carta que dejó antes de morir permitió a la jueza Arroyo Salgado entender que no se trataba de un hecho aislado, sino de una extorsión sostenida.
Investigación y detenciones
La magistrada ordenó peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias y rastreo de líneas telefónicas. Determinó que la organización operaba desde las cárceles de Magdalena y Olmos, usando celulares ingresados ilegalmente. Se detuvieron siete personas, incluyendo internos y colaboradoras externas que prestaban sus cuentas para recibir el dinero.
Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos, chips, computadoras y documentación financiera. La investigación identificó decenas de víctimas con el mismo modus operandi.
Impacto y alertas
En la conferencia de prensa, Arroyo Salgado destacó la gravedad de estas estructuras criminales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, advirtió:
“Un celular en la mano de un delincuente preso es como un arma en la celda. No podemos permitir que quienes han delinquido sigan delinquiendo desde la cárcel.”
Los audios representan una prueba clave. Revelan cómo el miedo se utiliza como herramienta de control: gritos, credenciales falsas, amenazas judiciales y promesas de salvación a cambio de dinero. Desde una celda en Magdalena o Olmos, los delincuentes lograron instalar en la mente de un joven soldado la sensación de que su vida estaba destruida.
Fuente: Infobae