Las universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas desde el miércoles 12 para exigir que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el pasado 21 de octubre. La medida busca visibilizar el reclamo por la falta de recursos y el atraso salarial que, según los gremios, amenaza la continuidad de la educación pública en todo el país.
Desde distintas federaciones docentes remarcaron que el Ejecutivo debe garantizar el cumplimiento “efectivo” de la norma, que establece una actualización presupuestaria para las universidades nacionales. “La recomposición salarial y la defensa de la universidad pública son derechos que deben respetarse”, expresaron representantes gremiales a la agencia Noticias Argentinas.
Por su parte, Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), señaló que los salarios docentes “aún no fueron recompuestos” y cuestionó que, pese a las reiteradas marchas federales, el Gobierno no haya cumplido con la ley. “Plata hay, pero se destinó a otros fines. Este desfinanciamiento pone en riesgo la educación y los derechos laborales”, advirtió.
En la misma línea, Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, afirmó que la falta de aplicación de la ley “profundiza el vaciamiento” del sistema universitario. “Hoy nos deben un 44% de aumento. No es un reclamo, es una deuda”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre la crisis en los equipos de trabajo por los bajos salarios y la pérdida de docentes.
La diputada y docente Mercedes de Mendieta también se sumó a las críticas y describió como “salarios de miseria” los ingresos actuales de los universitarios. “Muchos trabajan ad honorem o cobran por debajo de la línea de pobreza. La universidad se sostiene gracias al esfuerzo docente, no por decisión del Gobierno”, expresó.
Finalmente, los gremios convocaron a la sociedad a respaldar las protestas y exigir el cumplimiento de la ley. Denuncian que el incumplimiento por parte del Ejecutivo es ilegal y que el recorte presupuestario podría derivar en una privatización indirecta del sistema universitario público, afectando su rol esencial en el desarrollo del país.
Fuente: Canal 12 Misiones