La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes.
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley N° 27.796, sancionado por el Congreso el 22 de agosto, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por un año. El Decreto 651/2025, publicado este 11 de septiembre en el Boletín Oficial, fundamenta la decisión en el impacto presupuestario, la falta de definiciones claras y el riesgo de desfinanciar programas sanitarios esenciales.
El proyecto de emergencia sanitaria, impulsado con amplio respaldo parlamentario, buscaba garantizar acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica, recomponer salarios de médicos residentes y personal asistencial, y declarar al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.
El texto establecía además exenciones de impuesto a las Ganancias para trabajadores de salud en actividades críticas y facultaba al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud.
El Gobierno, sin embargo, consideró que la norma era “inviable, ambigua y fiscalmente irresponsable”, subrayando que la recomposición salarial prevista equivalía a un gasto adicional de $115.030 millones, monto comparable a un tercio del calendario nacional de vacunas o tres veces el presupuesto destinado a políticas de cobertura en VIH, tuberculosis y hepatitis.
Contenido técnico: los puntos más controversiales del veto
El decreto, firmado por Milei junto a Guillermo Francos, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Petri y otros ministros, detalla las razones del rechazo:
- Mandatos abiertos e imprecisos: los artículos 2° y 3° no delimitaban con claridad las “funciones críticas” ni los beneficiarios de la recomposición, lo que generaba riesgo de litigiosidad y arbitrariedad en la implementación.
- Impacto fiscal: la recomposición salarial y la exención de Ganancias suponían un gasto directo millonario y una merma en la coparticipación federal, al comprometer recursos compartidos entre Nación y provincias.
- Desfinanciamiento de programas vigentes: reasignar recursos del Ministerio de Salud implicaba recortes en vacunas, tratamientos de alto costo, medicamentos esenciales y programas contra enfermedades infecciosas.
- Distorsiones salariales: se advertía que el beneficio exclusivo a pediatría podía generar inequidades respecto de otros profesionales de la salud.
- Exceso del Congreso: el Ejecutivo objetó que la ley derogaba la Resolución 2109/25 sobre residencias médicas, algo que —según el decreto— constituye una intromisión en facultades administrativas propias del Poder Ejecutivo.
Fundamentos oficiales: estabilidad macroeconómica versus gasto social
El Gobierno defendió el veto en nombre del equilibrio fiscal y de su meta de emisión monetaria cero, planteando que el Congreso impulsó una medida “bajo la apariencia de defender una causa noble” pero que “aumenta de forma desmedida el gasto público y pone en riesgo la estabilidad económica”.
En un pasaje del decreto, Milei advierte: “Cuando no existen recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los sectores que se proclama amparar”.
El texto también destaca la gestión del Ejecutivo en el Hospital Garrahan, donde se afirma que en un año y medio se logró alcanzar “déficit cero” con ahorros de $40.000 millones y un presupuesto garantizado de $220.000 millones (incluido el aporte de CABA). Por ello, el artículo que lo declaraba hospital de referencia se consideró innecesario.
Choque institucional y debate sanitario
El veto presidencial abre un nuevo frente con el Congreso, que podría intentar insistir con la ley por mayoría especial. El oficialismo buscará que el tema se discuta dentro del Proyecto de Presupuesto 2026, que será remitido al Parlamento el 15 de septiembre, como el ámbito legítimo para definir asignaciones de gasto.
En el plano sanitario, la decisión generará críticas de asociaciones médicas y gremios de residentes, que vienen reclamando mejoras salariales y condiciones laborales. La Sociedad Argentina de Pediatría, mencionada en el proyecto, podría emitir un pronunciamiento.
En el plano político, el Gobierno busca reforzar su mensaje de austeridad y disciplina fiscal, aún a costa de enfrentar el costo social y simbólico de vetar una ley vinculada a la infancia.
Hacia un Presupuesto 2026 con foco en salud y recorte del gasto
La Casa Rosada anticipa que la discusión sobre financiamiento del sistema pediátrico se trasladará al debate del Presupuesto 2026, donde Milei intentará blindar su política de equilibrio fiscal y limitar los márgenes de gasto discrecional del Congreso.
El oficialismo apuesta a que la aprobación del Pacto de Mayo y el nuevo marco de reglas fiscales le den sustento político para sostener vetos como este, frente a una oposición que buscará capitalizar el costo político de la medida en un año de crisis económica.
Fuente: Economis