El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país. La decisión se produjo mientras avanzaba un pedido de juicio político en el Congreso Nacional y crecían las protestas de miles de ciudadanos afectados por las restricciones para acceder a sus ahorros.
La noticia genera especial atención en Puerto Iguazú, Misiones, por su cercanía con Paraguay y el movimiento comercial, turístico y fronterizo que vincula a ambos países, especialmente a través de Ciudad del Este y la región de la Triple Frontera.
Según informaron medios paraguayos como ABC Color, Radio Monumental y Noticias Paraguay (NPY), Peña comunicó su decisión mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que sostuvo que su salida buscaba preservar la estabilidad institucional y la paz social.
La renuncia de Santiago Peña y su mensaje a los paraguayos
El mandatario anunció su dimisión durante la tarde del jueves, después de varios días de creciente presión política por la situación del sistema financiero.
En su mensaje, Peña expresó que tomó la decisión pensando en la estabilidad del país, la paz social y la necesidad de preservar las instituciones democráticas.
También pidió disculpas a la ciudadanía y aseguró que nunca tuvo la intención de defraudar la confianza depositada en su gestión.
El ahora mandatario renunciante remarcó que su principal preocupación es la situación de las familias que mantienen sus ahorros en Ueno Bank. En ese sentido, solicitó que se activen los mecanismos necesarios para garantizar la devolución de los depósitos y proteger los recursos públicos comprometidos.
Peña había asumido la presidencia el 15 de agosto de 2023, con un mandato previsto hasta 2028. Su renuncia anticipada se produce cuando todavía restaban casi dos años para completar el período constitucional.
La caída de Ueno Bank, el origen de la crisis
La crisis comenzó a profundizarse a principios de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank tras detectar graves problemas en sus indicadores de solvencia.
De acuerdo con los informes difundidos, la entidad presentaba un nivel de respaldo patrimonial inferior al mínimo exigido por las normas financieras. La situación derivó en restricciones operativas que afectaron a aproximadamente tres millones de clientes.
El impacto alcanzó tanto a particulares como a organismos estatales, debido a que el banco administraba importantes recursos públicos, incluidos fondos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS).
La intervención generó incertidumbre entre los ahorristas, quienes comenzaron a reclamar respuestas sobre la disponibilidad de su dinero y los plazos para recuperar sus depósitos.
A esto se sumaron cuestionamientos por los vínculos empresariales que Peña había mantenido con el grupo propietario de la entidad bancaria, del cual fue accionista hasta marzo de 2025.
Sin embargo, esa relación comercial previa no constituye por sí sola una prueba de responsabilidad en las irregularidades investigadas.
Protestas, investigaciones y presión del Congreso
El conflicto financiero rápidamente se trasladó al escenario político. Durante los últimos días se registraron manifestaciones en Asunción, donde ciudadanos afectados por la situación bancaria exigieron soluciones y responsabilidades institucionales.
Las protestas incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, mientras aumentaban los reclamos para que el Gobierno garantizara el acceso a los ahorros.
En paralelo, un grupo de 35 diputados presentó una acusación para impulsar un juicio político contra Peña, al considerar que existían elementos para investigar un presunto mal desempeño de sus funciones.
Entre los principales cuestionamientos figuraban posibles conflictos de interés, el manejo de fondos previsionales y presuntas irregularidades en la supervisión del sistema bancario.
La crisis también provocó la salida del titular del Banco Central y derivó en actuaciones judiciales contra directivos de Ueno Bank, en el marco de las investigaciones sobre la situación financiera de la entidad.
La presión aumentó cuando sectores del oficialismo comenzaron a retirar su respaldo político al presidente, debilitando su continuidad al frente del Poder Ejecutivo.
El Congreso avanzó con el juicio político pese a la renuncia
Durante la tarde del jueves, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad la acusación para iniciar el juicio político contra Santiago Peña, a pesar de que el mandatario ya había presentado formalmente su renuncia.
Los 78 diputados presentes votaron a favor de continuar el procedimiento, que quedó en manos del Senado.
Posteriormente, ambas cámaras fueron convocadas para analizar la dimisión presidencial. Sin embargo, la sesión conjunta quedó sin quórum después de que legisladores del oficialismo abandonaran el recinto, por lo que no se concretó la aceptación de la renuncia.
Ante esta situación, los representantes parlamentarios acordaron continuar con el proceso de juicio político. Peña manifestó que se presentará para ejercer su defensa y responder a las acusaciones.
De esta manera, hasta la mañana de este viernes 6 de noviembre, la renuncia presentada por Peña no había sido aceptada formalmente y su eventual destitución seguía pendiente de resolución.
¿Quién asumiría la presidencia de Paraguay?
De concretarse la salida de Santiago Peña, la Constitución paraguaya establece que el vicepresidente Pedro Alliana debe asumir la conducción del Poder Ejecutivo.
Alliana también había sido incluido inicialmente en una solicitud de juicio político. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó avanzar con la acusación en su contra, por lo que permanece en la línea de sucesión presidencial.
El escenario institucional depende ahora de las decisiones del Congreso, que deberá resolver la situación de Peña y garantizar la continuidad del Gobierno paraguayo.
Fuente: ABC color
