El gobernador Hugo Passalacqua presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Busca que los misioneros que perdieron sus pensiones por discapacidad las recuperen. Según la denuncia, las auditorías presentan “notorias irregularidades”.
¿Por qué acudió a la Corte?
Passalacqua trabajó en silencio la presentación. Luego instruyó al Fiscal de Estado, Fidel Duarte, para avanzar ante el máximo tribunal. La Corte es el único órgano que puede resolver conflictos entre la Provincia y la Nación. El objetivo es garantizar rapidez, eficacia y un alcance general a todos los afectados.
Auditorías cuestionadas en Misiones
Las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generan un escándalo nacional. Beneficiarios denuncian falsificación de firmas, notificaciones que nunca llegaron y falta de condiciones para la atención. También señalan destrato hacia personas con discapacidad y organismos locales.
Escándalo por audios filtrados
El conflicto se suma a los audios filtrados del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnolo. En ellos se menciona una posible red de coimas en la compra de insumos. Esto alimenta la indignación: mientras se quitan beneficios, habría funcionarios beneficiándose.
Qué pide la demanda
La presentación solicita dos medidas:
- De fondo: Restablecer el pago de pensiones no contributivas, abonar retroactivos y declarar nulas las auditorías.
- Inmediatas: Suspender nuevas bajas y garantizar procesos transparentes y accesibles.
Irregularidades denunciadas
Entre las irregularidades se enumeran:
- Falta de aviso a instituciones.
- Criterios arbitrarios aplicados por médicos auditores.
- Destrato hacia organismos provinciales y municipales.
- Beneficiarios obligados a viajar largas distancias.
- Cartas documento no entregadas.
- Uso de un sello falsificado de un médico bonaerense.
Declaraciones oficiales
“Estas irregularidades derivaron en la suspensión ilegítima de pensiones, afectando la salud y dignidad de los beneficiarios”, afirma Duarte. El Gobernador aclaró que las auditorías son necesarias, pero “no deben vulnerar derechos fundamentales”.
Fuente: El Territorio