El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, propuso modificar el artículo 112 del dictamen sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para resguardar las competencias constitucionales de las provincias. La iniciativa busca delimitar el alcance de una nueva figura penal y evitar que la Justicia federal o las fuerzas nacionales intervengan en asuntos propios de las jurisdicciones locales.
El artículo cuestionado plantea incorporar el “artículo 226 ter” al Código Penal para sancionar acciones que alteren el funcionamiento de las instituciones democráticas nacionales mediante sabotaje informático, manipulación tecnológica o interferencias coordinadas desde una potencia o entidad estatal extranjera. Herrera Ahuad advirtió que la redacción del dictamen de mayoría utiliza conceptos amplios que podrían afectar las atribuciones provinciales.
En su propuesta de modificación, el legislador misionero, junto a Alberto Arrúa, planteó excluir expresamente las libertades de prensa, expresión y opinión, además de los actos y decisiones institucionales, policiales y electorales que las provincias adopten dentro de sus competencias constitucionales. También propuso impedir que la Justicia federal y las fuerzas de seguridad nacionales utilicen esa figura penal para fiscalizar o supervisar los procesos ordinarios de los gobiernos locales.
Los fundamentos de la disidencia reconocen la defensa de la soberanía nacional, incluido el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, como una política de Estado. Sin embargo, sostienen que ese objetivo no debe alterar el sistema federal ni habilitar una intervención nacional sobre atribuciones que las provincias no delegaron.
Autonomía electoral, seguridad y libertad de expresión
Uno de los principales cuestionamientos apunta al control de los procesos electorales provinciales. Herrera Ahuad sostiene que la Constitución Nacional, en su artículo 122, reconoce a las provincias la facultad de organizar sus instituciones y elegir a sus autoridades, por lo que una figura penal imprecisa podría abrir la puerta a intervenciones federales sobre decisiones de los tribunales electorales locales.
Otro punto central comprende las tareas de seguridad y el poder de policía provincial. El legislador advierte que una interpretación amplia de la norma podría permitir que conflictos locales, vecinales o vinculados con la expresión pública ingresen en el ámbito penal federal bajo argumentos de sabotaje o amenazas a la seguridad exterior.
La propuesta también busca proteger el trabajo periodístico y la circulación de información, especialmente en regiones fronterizas. Según los fundamentos, las referencias ambiguas a campañas de desinformación impulsadas desde el extranjero podrían generar riesgos para la libertad de prensa, el debate académico y la actividad informativa local.
El documento incorpora, además, las particularidades de Misiones y Salta, dos provincias fronterizas que mantienen vínculos cotidianos con países vecinos. Herrera Ahuad y Arrúa advierten que una redacción imprecisa podría poner bajo sospecha penal acuerdos de cooperación en salud, transporte, conectividad, alertas meteorológicas y comercio regional, además de superponer funciones de las fuerzas nacionales con las autoridades provinciales.
Por esos motivos, los diputados solicitaron una modificación sustancial del artículo 112 para circunscribir la figura penal a las competencias federales y de seguridad exterior. La propuesta procura que la defensa de la soberanía nacional no limite la autonomía institucional, electoral y policial de las provincias.
Fuente: Canal 12 Misiones
