Después de meses de negociación, el Gobierno rescindió la concesión de cinco de los seis corredores viales que quedaban vigentes y que habían sido adjudicados en julio de 2018 a través del régimen de participación público privada (PPP).
Apenas quedó en pie el que corre por la ruta 5 desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, y que había sido ganado por la empresa argentina Green en conjunto con la empresa China Construction América, que evalúa presentar un esquema financiero para salvar el proyecto.
Termina así una iniciativa que, en resumen, genera un esquema en el que el privado pone el dinero para hacer obras y se cobra con un bono del Estado después de terminadas, además de percibir el flujo de la recaudación por una determinada cantidad de años.
Mientras tanto, hay dos consecuencias: la falta de cobro del peaje y la estatización y el consiguiente pase a planta de una empresa del Estado de todos los empleados de las concesionarias.
«Nos encontramos en el proceso de traspaso de operación y en los próximos días se normalizará el cobro. Esperamos que esto ocurra en no más de una semana. Estamos terminando de armonizar los sistemas operativos recibidos con los propios. Es importante aclarar que sólo está afectado el cobro, pero están garantizados todos los aspectos vinculados a la seguridad vial,auxilio mecánico, trabajos de mantenimiento, etcétera», aclararon en el Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis.
La otra cuestión es que todos los empleados de las concesionarias pasaron a formar parte de la nómina de una empresa estatal llamada Corredores Viales . Esta firma fue creada en épocas de Guillermo Dietrich como ministro de Transporte. La finalidad fue que allí se emplearan a los trabajadores de la concesión que tenía Cristóbal López en el corredor Ezeiza – Cañuelas cuando fue rescindida y hasta que se vuelva a privatizar, en julio de 2018.