La Secretaría de Industria y Comercio derogó 71 normas que establecían controles y obligaciones sobre el comercio interno, en el marco de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida busca “eliminar trabas burocráticas y transparentar el comercio interno”, dejando sin efecto regulaciones derivadas de leyes derogadas como la de Abastecimiento, Góndolas y programas en desuso como Precios Justos.
La Resolución 357/2025, firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria y Comercio, entró en vigencia el 24 de septiembre de 2025 tras su publicación en el Boletín Oficial.
El texto deroga 71 disposiciones vigentes, de las cuales:
- 27 estaban vinculadas a la Ley de Abastecimiento (20.680), eliminada al inicio de la actual gestión.
- 24 correspondían al COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), disuelto por Decreto 55/2025.
- 20 regulaban programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Góndolas, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.
El Ministerio de Economía sostuvo que muchas de estas disposiciones “habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas desarticulados”.
La decisión se enmarca en los lineamientos de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Decreto 70/2023, que sentaron las bases para la reconstrucción de la economía nacional.
En esa línea, el Gobierno viene impulsando un proceso de depuración normativa:
- En 2024, las resoluciones 51/2024, 226/2024 y 433/2024 ya habían avanzado en la derogación de regulaciones de precios, requisitos de información y autorizaciones para importaciones.
- En enero de 2025, el Decreto 55/2025 disolvió el COPREC, considerado un organismo redundante que generaba sobrecostos y burocracia.
- En septiembre de 2025, el Decreto 650/2025 unificó funciones bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación de Producción.
La resolución publicada ahora continúa esa línea y refuerza la política de ordenamiento jurídico y reducción de cargas regulatorias.
La eliminación de normas vinculadas a precios de referencia, márgenes de utilidad y distribución en góndolas implica el fin de mecanismos de control directo sobre sectores como el consumo masivo, hidrocarburos, televisión paga y alimentos frescos.
Para el Gobierno, el cambio permitirá “una gestión pública más ágil y transparente, con reglas claras para ciudadanos y operadores económicos”. Sin embargo, analistas advierten que la ausencia de instrumentos de control podría generar tensiones en sectores sensibles al consumo popular, donde las regulaciones funcionaban como herramientas de contención de precios y competencia.
La medida también tiene impacto sobre la seguridad jurídica, al eliminar normas redundantes y contradictorias, y se inscribe en una estrategia de alineamiento con políticas de desregulación económica y reducción del Estado.
Fuente: Economís