Paraguay atraviesa una de las mayores crisis financieras e institucionales de los últimos años tras la suspensión de las operaciones de Ueno Bank, que dejó a miles de clientes sin acceso a sus cuentas y ahorros. El caso derivó en una investigación penal por presuntas irregularidades financieras, con dos personas detenidas, ocho órdenes de captura y la renuncia presentada por el titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding.
La situación también generó repercusiones políticas que alcanzan al presidente Santiago Peña, debido a sus antiguos vínculos empresariales con Ueno Holding y a la importante cantidad de fondos públicos depositados en la entidad. En este contexto, Miguel Vázquez Villasanti, identificado como CEO de Ueno Bank, se presentó ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional luego de que la Fiscalía ordenara su captura.
La investigación comenzó a partir de una denuncia del Banco Central por presuntas irregularidades en la entidad financiera. Entre los detenidos se encuentran Mariana Isabel Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández, mientras que las autoridades continúan con las actuaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
El Banco Central dispuso la resolución de Ueno Bank
El Banco Central del Paraguay informó que su Directorio resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank mediante una disposición fechada el 2 de noviembre y comunicada el martes 3.
La decisión se tomó luego de comprobar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo regulatorio exigido. Según explicó el organismo, el deterioro quedó en evidencia a partir de ajustes realizados sobre los estados financieros durante el proceso de regularización.
El procedimiento se encuentra contemplado en la Ley 2334/03 y establece la intervención de la Superintendencia de Bancos para verificar el patrimonio y preservar los activos de la entidad.
La medida provocó la suspensión de las operaciones bancarias y la interrupción de los servicios asociados a tarjetas y cuentas. De esta manera, los clientes quedaron imposibilitados de disponer normalmente de sus fondos.
Sin embargo, el BCP aclaró que la situación corresponde a una entidad particular y que no representa una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.
Los fondos públicos y la exposición del Instituto de Previsión Social
Uno de los puntos de mayor preocupación es la cantidad de recursos públicos y previsionales colocados en Ueno Bank.
Según datos publicados por Bloomberg, los depósitos gubernamentales rondaban los 869 millones de dólares y representaban el 29% del total de depósitos de la entidad al cierre de junio. Esta exposición convirtió la recuperación de los fondos estatales en uno de los principales desafíos del proceso.
También genera preocupación la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía inversiones en Ueno mediante certificados de depósito de ahorro y bonos financieros.
Los informes periodísticos publicados el martes presentaron diferencias en la cuantificación de esos recursos. El diario Última Hora estimó la exposición en aproximadamente 345 millones de dólares, equivalentes al 9% de la cartera de inversiones del organismo. Por su parte, Radio 1000 informó que la gerente financiera del IPS, Gladys Vera, situó el monto cerca de los 380 millones de dólares.
Frente a este escenario, las autoridades previsionales aseguraron que las jubilaciones y los aguinaldos se abonarán en tiempo y forma. Además, alrededor de 32.000 beneficiarios deberán trasladar sus operaciones a otras entidades bancarias.
Desde el IPS también explicaron que durante 2026 no realizaron nuevas inversiones en Ueno, debido a que el año anterior ya habían alcanzado el límite prudencial establecido por la normativa.
De esta manera, la continuidad del pago de los haberes y la recuperación de las inversiones constituyen dos cuestiones diferentes dentro de la crisis.
Qué garantías tienen los ahorristas
El Banco Central informó que la garantía de depósitos alcanza los 228.300.000 guaraníes por depositante y por entidad, un monto equivalente a 75 salarios mínimos mensuales.
Para los ahorros que superen ese límite, el organismo anunció que recurrirá a los mecanismos legales disponibles para procurar su protección.
Además, las autoridades cuentan con un plazo máximo de 15 días para completar el balance de exclusión de activos y pasivos, aunque manifestaron su intención de acelerar ese proceso.
Esta instancia resulta fundamental para establecer la situación patrimonial de la entidad y determinar los mecanismos de recuperación de los fondos. No obstante, el plazo informado corresponde a una etapa del procedimiento y no implica una garantía de devolución total de los depósitos.
Ocho órdenes de captura y una investigación por presuntas irregularidades
La crisis financiera también tomó dimensión judicial luego de que el Ministerio Público ordenara la detención de ocho personas vinculadas a Ueno.
Entre los nombres incluidos en la investigación figuran Juan Manuel Gustale, Federico Miguel Vázquez Villasanti y Julio Daniel Rey Fernández.
Durante la jornada se confirmaron las detenciones de Mariana Isabel Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández. La nómina de personas buscadas también comprende a Diana Leticia Mongelós González, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
Por otra parte, Miguel Vázquez Villasanti se presentó ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, luego de que la Fiscalía dispusiera su captura.
El fiscal Francisco Cabrera señaló que los investigadores analizan más de 2.000 fojas de documentación y posibles hechos vinculados con lesión de confianza, estafa y otras conductas punibles.
La causa se encuentra en una etapa inicial de evaluación, por lo que el Ministerio Público trabaja en la determinación de los hechos y las posibles responsabilidades penales antes de avanzar con las imputaciones.
La renuncia del titular del Banco Central y sus vínculos con Ueno
Otro de los aspectos que profundizó la crisis institucional fue la renuncia presentada por Carlos Carvallo Spalding, titular del Banco Central del Paraguay.
Antes de asumir la conducción del organismo encargado de supervisar el sistema financiero, Carvallo había presidido Financiera Ueno. Este antecedente generó cuestionamientos sobre la independencia del supervisor en medio del procedimiento de resolución de la entidad.
Pese a presentar su renuncia, el funcionario permanece provisionalmente en el cargo mientras el Banco Central conduce el proceso.
La situación también puso bajo escrutinio los antecedentes empresariales del presidente Santiago Peña, quien anteriormente había tenido participación accionaria en Ueno Holding.
El 4 de abril de 2025, el mandatario declaró que había dejado de ser accionista de la compañía a finales de marzo de ese año, cuando decidió no participar de una reorganización societaria. Además, negó mantener vínculos con el banco y con la empresa ITTI.
Según publicó ABC Color, su participación en el holding alcanzaba los 6.144 millones de guaraníes, equivalentes al 1,58% del capital, de acuerdo con la composición societaria informada al 18 de marzo de 2025.
Estos antecedentes, sumados a los depósitos estatales en la entidad y a la trayectoria previa de Carvallo, incrementaron los cuestionamientos políticos sobre las decisiones gubernamentales y los mecanismos de supervisión financiera.
No obstante, los vínculos empresariales mencionados no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad penal del Presidente.
Convocaron a manifestaciones contra el Gobierno
La crisis también tuvo repercusiones en el ámbito social. Durante la jornada comenzaron a circular convocatorias a manifestaciones contra el presidente Santiago Peña.
Las movilizaciones fueron anunciadas para las 17:00 en Asunción y las 18:00 en Ciudad del Este, con reclamos relacionados con la situación financiera y los cuestionamientos al Gobierno.
El escenario deja abiertos tres frentes centrales para Paraguay: garantizar que los ahorristas puedan recuperar el acceso a sus recursos, determinar cuánto dinero podrá recuperarse de las inversiones realizadas en la entidad e investigar las posibles responsabilidades administrativas y penales.
Mientras tanto, la renuncia presentada por el titular del Banco Central profundiza la dimensión institucional de un caso cuyo impacto económico, político y judicial todavía está por determinarse.
